Para el sábado 20 se ha convocado a una marcha general a la que se esperan asistan millones.
El 15 de mayo, el Consejo Permanente de la OEA decidió que la primera reunión de consulta (RC) de cancilleres sobre Venezuela se realice en Washington el 31 de ese mismo mes. La decisión había sido demorada por razones no del todo claras, pero se especulaba que tenían que ver con las presiones que todavía ejerce Venezuela sobre países del Caribe a través de sus programas energéticos.

En esta ocasión, sin embargo, cinco de ellos rompieron filas: Guyana, Barbados, Bahamas, Jamaica y Belice. Ya venían apoyando las posiciones de los 14 países que habían planteado la necesidad de convocar una RC: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Se opuso a la reunión Nicaragua. Se abstuvieron siete países caribeños, más los solidarios ideológicamente con Venezuela: Ecuador, Bolivia, Haití, República Dominicana y El Salvador. Estuvieron ausentes Venezuela y Granada.

En la sesión se adoptó el reglamento de la RC que, como los anteriores, estableció que las decisiones deben ser apoyadas por dos tercios de los Estados miembros, es decir, por 24 votos. En este aspecto radica la fuerza de Venezuela y el poder de los caribeños. En este momento son 19 los países a favor de acciones definitorias por parte de la RC; se necesitan cinco más para llegar a los dos tercios.

Muchos esperan que el acendrado respeto por la institucionalidad democrática de los caribeños prime sobre los intereses de los programas energéticos establecidos por Hugo Chávez. Una prudencia elemental, por otra parte, indica que en un plazo no muy lejano las decisiones en Venezuela sobre esos programas serán tomadas por quienes ahora luchan desde la oposición. Y lo mismo deberían considerar República Dominicana, Haití y El Salvador.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional,  en Lima. Se entrevistó con el presidente Pedro Pablo Kuzcynski, Alan García y Keiko Fujimori.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional,  en Lima. Se entrevistó con el presidente Pedro Pablo Kuzcynski, Alan García y Keiko Fujimori.

LAS PROTESTAS CONTINUAN

Llama la atención la fuerza y persistencia de las protestas en Venezuela exigiendo democracia y en contra de la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente, a la que se considera inconstitucional. La desmedida represión empleada por el gobierno ha dejado ya más de 42 muertos, más de 700 heridos y un alto número de detenidos (según ciertas fuentes, más de 1,200), que son sometidos a tribunales militares en abierta desobediencia de la Constitución.

La población se ha ido organizando en diversas marchas: los artistas, las mujeres, los ancianos, los estudiantes, y las oleadas se suceden en plantones y acciones permanentes, no solo en Caracas sino en numerosas ciudades del interior. Para el sábado 20 de mayo se ha convocado a una marcha general a la que se espera asistan millones de personas.

Todas estas manifestaciones son impulsadas por la crisis política y humanitaria que cobra ribetes dramáticos. Se hizo público el informe del Ministerio de Salud que daba cuenta de que en 2016 la mortalidad infantil se había incrementado en un 30% y la materna en un 67%. Maduro procedió a destituir sumariamente a la ministra Antonieta Caporale.

Nicolás Maduro: el 80% de la población apoya su salida.
ENCUESTAS RECIENTES

La encuestadora Meganálisis, dirigida por Rubén Chirinos, sondeó la situación entre el 29 de abril y 8 de mayo pasado. Sus conclusiones son que más del 80% de la población apoya la salida de Maduro del gobierno; que el chavismo apenas llega al 11% de apoyo; que el 90% se opone a la Asamblea Constituyente; y que existe el convencimiento de que “el diálogo murió” y de que se necesita una nueva situación política que conduzca a elecciones.

Según Meganálisis, la población tiene la certeza de que la salida democrática se impondrá en la calle. Los dirigentes políticos se han confundido en gran medida con la gente en las calles, y eso es lo que lleva a la idea de persistir con esa estrategia. La apuesta es sumamente peligrosa pero, a la vez, plantea la posibilidad de que la RC contribuya de manera decisiva en esta coyuntura.

El objetivo fundamental de la RC debería ser asistir a la sociedad y al gobierno de Venezuela para superar las graves tensiones actuales y lograr la estabilidad en el marco de la vigencia de las instituciones democráticas, a través de un diálogo del gobierno con la oposición cuyo objeto sea reforzar la vigencia de los derechos humanos de todos los venezolanos.

Para ello, la RC debería gestionar una visita exploratoria a Venezuela a fin de evaluar la situación y la posibilidad de remover los obstáculos que impiden estabilizar la sociedad. Es fundamental que todos los actores involucrados tengan clara conciencia de que el fracaso de esta tentativa arrojaría a la sociedad venezolana a una espiral de violencia de consecuencias imprevisibles.

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