Un nuevo pedido de detención preventiva contra Toledo, Karp, Maiman y Dan On se produjo por el caso Ecoteva.

Como dos cabos que se atan, a Alejandro Toledo le endilgaron un segundo pedido de prisión preventiva por 18 meses. El primero fue por haber recibido presuntamente US$ 20 millones de coima de Odebrecht mientras era presidente de la República. Ahora es por el caso Ecoteva, donde saltaron a la vista millonarias propiedades adquiridas por su entorno.

Duberlí Rodríguez: “Tratado de extradición es una obligación recíproca”.
Los casos no están formalmente acumulados, pero terminan proyectados como dos capítulos de una misma película, de esas que comienzan con el final y de ahí retroceden para sorprenderse con el origen.
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La actualidad es el epílogo que se mantiene en suspenso.

El martes 18 por la noche, el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña Cabrera, informó que no ha recibido ninguna comunicación por parte de Estados Unidos con alguna observación al pedido de detención realizado en febrero.

El presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, señala que el despacho de Peña “tradujo la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que aprobó el primer pedido de detención preventiva y se la entregó a la oficina del Departamento de Justicia que tiene casi el mismo nombre que su Unidad. Se invoca el tratado de Extradición entre ambos países, que es una obligación recíproca. Esto debía ser derivado a un juez federal, que sería de California. Si encuentran alguna omisión, deberían notificar a la parte peruana”.

Rodríguez tuvo un diplomático entredicho con el embajador de Estados Unidos, Brian A. Nichols, quien le había respondido al titular de la Suprema –“soy hincha de Duberlí Rodríguez”– reiterando que su país colabora con la Fiscalía pero que hay procedimientos a respetar.

El documento traducido se basa en el pedido de prisión preventiva que el fiscal Hamilton Castro le hizo a Concepción Carhuancho. Allí se hace un recuento de los hechos que comprometen a Toledo a partir de la detallada colaboración eficaz del
exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata.

Embajador Brian A. Nichols.

Se incluye, lo que es especialmente importante, el contenido del documento del Departamento de Justicia de EE.UU. dado a conocer en diciembre, donde se narra la historia del presunto soborno sin incluir los nombres de los involucrados.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, destacó que el documento cumple con el requisito de la doble incriminación. Es decir, que los delitos por los que sería juzgado en el Perú –lavado de activos y tráfico de influencias– tiene sus equivalentes en el país al que le solicitan la extradición.

Al momento de describir el lavado de activos, que sería el delito central para Estados Unidos, Castro señala en el documento que Toledo “tenía el dominio del hecho, al haber ordenado que se hicieran los depósitos en cuentas de su amigo Josef Maiman, según ha señalado Jorge Henrique Barata Simoes. Además se trataría del beneficiario final y real”.

Fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
Fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
Castro advierte que “aun cuando no forma parte de esta imputación”, el caso Ecoteva es un componente central de la historia. Las “operaciones financieras complejas” en las que se ha ubicado dinero procedente de la coima suman US$ 9.626 millones.

Al ser Toledo, según la norma de la Superintendencia de Banca y Seguros, una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se aplicaba sobre él “un régimen reforzado de lavado de activos”, por lo que se colige que “tenía pleno y cabal conocimiento de las limitaciones y dificultades que se presentarían si hubiera tomado la decisión de poner a su nombre las cuentas bancarias y las cuentas offshore consignadas en el presente caso… debía poner, cuando menos, a un testaferro de su entorno más cercano y de su más absoluta confianza, tal como lo fue el caso de Josef Maiman”. El mismo que ha solicitado ser colaborador eficaz.

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