La caída del puente Virú provocó que Trujillo quedara desconectado de esa localidad, de Lima y del sur del país. En total colapsaron 200 puentes y 6 mil kilómetros de carreteras.
Como si las encuestas se encaramaran sobre puentes modulares, el lunes 17 el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, para inaugurar la estructura que reemplazó al caído puente Virú.

Luego de casi dos meses del colapso, Trujillo volvió a conectarse con el resto del país. El puente tipo Bailey es poco común, pues mide 112 metros y se sostiene con pilotes adicionales. Costó S/ 8 millones y, según Vizcarra, quedó listo en la mitad del tiempo usual.

A la noche siguiente, PPK ofreció un Mensaje a la Nación en el que trazó sus objetivos tras la emergencia climática. “No más pistas que se caen”, prometió. “No más desagües que se atoran, no más construcciones en quebradas peligrosas. Tenemos que cambiar”.

Pidió a la población que “no escuchen las aves de mal agüero que pregonan pesimismo”.

El martes 18, premier Zavala presentó plan de reconstrucción ante el Congreso.
¿Se refería a algún sector político en especial? La congresista fujimorista por Piura, Karla Schaefer, venía advirtiendo de la precaria situación de su región, la más afectada por el embate de los desbordes y los huaicos, y la más vulnerable ante una crisis sanitaria en ciernes. Recordó que Piura cuenta con tres camas de hospital por cada 10 mil habitantes –menos de la tercera parte del mínimo deseable y detrás de otras regiones cercanas a pesar de su participación en el PBI– y que al día se están reportando 300 casos nuevos de dengue.
Las cifras del desastre son aplastantes: 113 fallecidos, más de 1.2 millones de damnificados, 397 heridos, 17 desaparecidos, 200 puentes y 6 mil kilómetros de carreteras colapsados. Entre edificaciones colapsadas, inhabitables y afectadas hay casi 280 mil viviendas, 2,165 centros educativos y 742 centros de salud.

Kuczynski reconoció que “no sabemos todavía exactamente cuánto necesitaremos” para la reconstrucción. Pero el ministro de Economía Alfredo Thorne dijo luego del mensaje presidencial que el ‘anclaje’ fiscal del año pasado “permite ahora reacomodar  el programa de reconstrucción. De no haber hecho ese ajuste, probablemente hoy no tendríamos ninguna flexibilidad para el déficit fiscal y generar los recursos para financiar la reconstrucción”.

Conveniente forma de voltear la tortilla ante lo que fue una medida cuestionada y en la que varios especialistas encuentran una explicación a la contracción de la inversión privada. De un modo, el gobierno busca ahora subirse a la cresta del huaico para reimpulsarla.       

DIRECTOR SE BUSCA
El martes 18, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

El sector privado es un jugador principal de la reconstrucción y la Autoridad estará adscrita al Consejo de Ministros. Si bien el premier Fernando Zavala ha sido puesto a la cabeza del proceso, su director ejecutivo tendrá rango de ministro, con asiento en el gabinete.

Puente Bailey que reemplazó al colapsado Virú, en Trujillo, fue inaugurado el lunes 17. Costó S/ 8 millones.
¿En quién recaerá la menuda tarea? El rango ministerial obedece a frustrantes experiencias pasadas, como la de Forsur.

Dos son los nombres que más suenan: el economista Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos del Banco de Crédito del Perú; y el ingeniero civil Carlos Casabonne, con décadas de experiencia en su rubro y en la docencia. Otro completará la terna barajada en estos días.

Difícil anticipar, por ejemplo, si la vena poética le alcanzará a de la Flor para encaramarse en tal epopeya. Pero colaboradores de PPK recuerdan el caso de David Saettone, ‘prestado’ por el BCP durante los 90 al MEF, y luego gerente general de Pacífico Peruano Suiza, afiliada al grupo Romero.
El directorio con el que contará la Autoridad, que tendrá un mandato de tres años con posibilidad de extenderlo a uno adicional, estará presidido por el titular de la PCM e integrado por los del MEF, MTC, Agricultura y Vivienda.

No hay confusión en las jerarquías. El servidor público que cometa incumplimiento a lo dispuesto por la autoridad será sancionado “según su gravedad, con suspensión o destitución, previo proceso administrativo disciplinario”.

El miércoles 12, Thorne y Pérez Tello, asistieron al Congreso. Piurana Schaefer llamó la atención sobre precariedades.
La Autoridad podrá realizar contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías conforme a la Adjudicación Simplificada de la Ley 30225. En el caso de obras públicas podrá aplicar “la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta bajo el sistema de Precios Unitarios, el mismo que implica la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra por parte del contratista”.
Es decir, a correr.

CONTRALORÍA A RAYA
Crucialmente, el papel de la Contraloría se mantiene a raya. El control de los procesos está nominalmente a cargo de esta, pero “a través de empresas auditoras con representación y afiliación internacional no menor a 10 años, y registro vigente en el Public Company Accounting Oversight Board”. Y añade que “el control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios”.

El rol de la Contraloría durante la emergencia fue objetado por personajes como la vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz.

Ministro del MTC Martín Vizcarra.
La posesión en zona de riesgo no mitigable será combatida. No puede ser sujeta a ningún tipo de acción legal y se declaran nulos todos los contratos y los actos administrativos sobre la misma.

Otra de las innovaciones destacables es la del programa de Obras por terrenos. El sector privado podrá encargarse de las obras de encauzamiento y escalonamiento que genere tierras aprovechables y ser compensada con “contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley” sobre esas tierras. En el caso de ríos que atraviesan ciudades y otros como Chosica, puede tratarse de alto valor inmobiliario.

Finalmente, el proyecto de ley incluye modificaciones en el artículo 204 del Código Penal, para castigar duramente, con cárcel de entre 5 y 12 años, a quien participe en las distintas modalidades de tráfico de tierras, incluyendo a autoridades y cometer el delito en zonas declaradas de riesgo no mitigable.

Se acordó votarlo en el pleno del lunes 24, exonerándolo del trámite por comisiones.

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