El ministro de Economía, Alfredo Thorne, estuvo entre los 8 ministros que se presentaron en el Congreso el martes 16. Aparece con oficialista Pedro Olaechea y coqueta fujimorista Karina Beteta.
 
De Tal Palo

Todo volvió a la normalidad. O eso parece. Superado el trance de la emergencia climática –y por delante la epidemia de dengue y el proceso de reconstrucción–, el Congreso vuelve por su dinámica de enfrentamiento con el Ejecutivo.

Podría decirse que el botón de pausa dejó de oprimirse y la interpelación del jueves 18 al ministro de Transportes y Comunicaciones, el también vicepresidente Martín Vizcarra, significa solo el reinicio de la situación previa.

Vizcarra responderá por el aeropuerto de Chinchero cuando cuatro días más tarde, el lunes 22, se espera la presentación del retrasado informe de la Contraloría de la República sobre la materia.

“Si la Contraloría encuentra objeciones insalvables”, razona el oficialista Guido Lombardi, “simplemente Chinchero no va más. ¿Para qué entonces hacemos el show de interpelar por varias horas a Vizcarra?”.    

Nuevas fintas, viejos gestos.
En la lista de interpelados, todavía sin fecha, le sigue el ministro del Interior Carlos Basombrío. Suena fuerte que él sería el “enemigo elegido” para irse a su casa. Además de la rentabilidad política que siempre ofrece la situación de inseguridad ciudadana, reaparece el fantasma del terrorismo que tanto le gusta agitar al fujimorismo. La marcha del Movadef es el último cuco para volver en la máquina del tiempo a 1992.
Ya Cecilia Chacón anunció que “no les temblará la mano” para censurar ministros. La muletilla de siempre (manosear, dar un paso al costado) que transmite un anuncio desde más arriba.

Si a ello se añaden iniciativas populistas como la de la eliminación del CAS en EsSalud y la de la nivelación de las pensiones militares y policiales (ver más en Mar de Fondo), el Congreso podría apuntar a mucho más que la inestabilidad política de siempre, con los temblores adicionales en una economía que ya pinta difícil.    

HUELE A VENGANZA
Una diferencia con los días previos al Niño Costero es que el futuro de Alberto Fujimori vuelve a instalarse como el convidado invisible del hemiciclo.

Las voces consultadas en el fujimorismo –y sus voceros columnistas– transmiten una indignación hirviente contra lo que consideran fue un intento del gobierno de romper el espinazo de la bancada que controla con holgura el parlamento, vía la captación de una figura que consideran limitada, como Kenji Fujimori. El ambiente huele a venganza.

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Por su parte, Keiko Fujimori dio a conocer un vídeo por Facebook  –su mecanismo de comunicación en un estilo de creciente aislacionismo- en el cuál explicó que la negativa de Fuerza Popular a discutir el proyecto de ley sobre arresto domiciliario rompería una reiterada promesa suya, de no utilizar el poder político para beneficiar a sus familiares.

Salgado también pide indulto presidencial.
Acto seguido, hizo un doble anuncio: urgió  al presidente Pedro Pablo Kuczynski a usar la carta del indulto humanitario y anunció ante el Poder Judicial la presentación de un cuarto hábeas corpus para lograr la liberación de su padre.

Lo primero colisiona con la promesa del propio Kuczynski, que en campaña aseguró que no indultaría a Fujimori pero sí promulgaría un proyecto de ley como el que promovía el congresista Roberto Vieira.
Allí es promesa contra promesa.

Carlos Basombrío responderá por inseguridad y “galopante” amenaza terrorista.
Carlos Basombrío responderá por inseguridad y “galopante” amenaza terrorista.
El actual presidente no ha sido ajeno a la preocupación del futuro de Fujimori. Entre la primera y  la segunda vuelta, consultó con el exfiscal Avelino Guillén sobre las fórmulas para sacar a Fujimori de prisión. Guillén, que fue fiscal del caso que terminó con la sentencia de 25 años contra el expresidente, le explicó las que consideraba las limitantes.

El propio juez César San Martín ha sopesado las probabilidades en un par de entrevistas con CARETAS. Contrariamente a lo que podrían pensar en el fujimorismo, el magistrado no descarta las figuras del indulto ni del arresto domiciliario. Pero sí recuerda que la condena por secuestro agravado contra Samuel Dyer y Gustavo Gorriti podría plantear obstáculos, pues una ley aprobada durante el gobierno de Fujimori así lo establece.

Si ello ocurre, ¿acaso no tendría el fujimorismo que ejercer el poder político para derogar la fastidiosa ley?

Kuczynski discutió la posibilidad del indulto incluso como presidente electo, en los últimos días de la gestión de Ollanta Humala. De allí vino el pedido presentado por Fujimori. Según una versión informada, Humala se echó para atrás al observar la reacción en contra y al constatar la negativa de PPK a ir por un trueque e indultar, luego de asumir el poder, a su hermano Antauro.   

Martín Vizcarra interpelado el jueves 18.
Con el segundo anuncio de Keiko hay un problema igual de grande. No solo porque es una reacción a las acusaciones de parricidio político tras el veloz archivamiento del proyecto de arresto domiciliario (CARETAS 2487). En mayo del año pasado, un mes antes de la celebración de la segunda vuelta y cuando las posibilidades de que el fujimorismo llegue al poder eran muy grandes, el Tribunal Constitucional denegó ese tercer hábeas corpus con el solitario voto pro-Fujimori del juez José Luis Sardón.

¿Qué podría cambiar ahora? Nada. A menos que se comience a especular sobre la presión que pretenda ejercer el fujimorismo sobre los  próximos cambios de asiento en el TC.

El fondo de la intención cuestiona, de nuevo, la validez de la sentencia. Como en un deja vu, Laura Bozzo dice en el  programa de Nicolás Lúcar que el fallo le parece “un asco”. Un indicativo del nivel del debate en los últimos días, donde la reactivación del caso Madre Mía y el descalabro ex presidencial a partir del caso Odebrecht impulsan a su vez una ola reivindicatoria de los más graves pecados de los 90 (con San Martín de nuevo como un objetivo central, ver más).

Kenji y dientes que rechinan. Derecha, Informe de Chinchero el lunes 22.
Ahí la ecuación es simple. El círculo de Keiko alimenta la idea que perdieron las elecciones por un peculiar fraude que combinó el supuesto entorpecimiento del voto entre policías y militares (recuérdese la nivelación de pensiones)  con una conspiración mediática (como si el fujimorismo no tuviera diarios, acólitos con micrófono y programas de televisión).

Según esa línea, no tiene sentido combatir las resistencias y es mejor negocio atrincherarse. No quieren ver que así tienen un abanico soplando la fogata del anti.

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