El principio acogido por el legislador al regular el tema de medidas cautelares para garantizar el pago de obligaciones de deudores, convertidos en tales por diversas circunstancias, es que la empresa no debe ser erradicada del mercado sino cuando se demuestra su total insolvencia porque en tal condición más es lo que afecta que lo que beneficia en el plano económico general.

En tal virtud, la legislación no solo contempla el embargo en forma de depósito o secuestro con o sin desposesión de bienes, sino otras modalidades para afectar unidades industriales o comerciales, como el embargo en forma de intervención, especialmente en la modalidad de intervención para que el interventor recaude los ingresos sin afectar los gastos ordinarios para el funcionamiento normal de la empresa, que implica el pago de sus proveedores que le dan los insumos o los servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines económicos, que puede convertirse en administración que consiste en sustituir a los órganos de gestión y administración de la empresa para que, funcionando normalmente, sin afectar a sus proveedores ni perder su cuota de mercado, produzca utilidades que se apliquen al pago de obligaciones derivadas de procesos penales, por ejemplo.

Todas estas modalidades admiten la presencia de veedores para que no se enquisten ni en la intervención ni en la administración elementos perniciosos que incentiven peores actos de corrupción.

En el caso de Odebrecht, el Ministerio de Justicia se apresuró en dictar el D.S. 003-2017, estableciendo una atípica administración.

Esto burocratiza una administración que paradójicamente seguía y sigue en manos de los directivos de las empresas involucradas en procesos por corrupción.

Lo más lógico hubiera sido que los procuradores soliciten embargos en forma de intervención o administración con veedores para sacar a los ejecutivos de las empresas involucrados en corrupción, pero afectándoles también sus respectivos paquetes de acciones y demás bienes que como personas naturales tuvieran como patrimonio.

No se habría afectado ni la actividad de la empresa que controlaba todas las obras de infraestructura del gobierno central, de los regionales y locales, ni se habría condenado a la quiebra a sus proveedores y destruidos miles de puestos de trabajo.