El Perú no es la Venezuela de Maduro y por eso le asiste la legitimidad, la razón y el derecho para cuestionar la resolución del 8 de febrero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Con la mencionada resolución ese foro internacional, infestado de política, ideología caviar y falso espíritu de cuerpo, pretende que el Congreso de la República del Perú, donde reposa la soberanía popular, archive la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón.

Debe quedar claro para los peruanos que entre la letra chiquita de la Corte IDH y la justicia, preferimos la justicia y la verdad. Es decir, entre la argolla de los togados del Pacto de San José y los del TC, defendemos los derechos humanos de los marinos del Perú que sofocaron un atentado terrorista contra nuestro Estado y sociedad perpetrado en 1986 desde la cárcel de El Frontón.

Hoy resulta evidente la componenda y consigna de la resolución emitida por la Corte IDH el pasado 8 de febrero sobre ese caso, y con la cual ese tribunal solo se dispara a los pies y se viste de ilegitimidad porque interfiere en una acusación constitucional contra los señores Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña, la misma que está en curso y, obviamente, no ha terminado, vulnerando las atribuciones constitucionales del Congreso del Perú.

Por si acaso, la Corte IDH no goza del don de la infalibilidad. Es más, en el caso de marras, su resolución no solo tiene el tufillo sino todo el vaho de ser una decisión política, no apegada a derecho, y que pone en entredicho los principios de la justicia y la verdad.

Tampoco debería olvidar la Corte IDH que los magistrados a los que defiende por consigna, han sido acusados por personal de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, quienes indican que ellos cambiaron el sentido del voto del entonces magistrado Vergara Gotelli en una sentencia del año 2013, la que señalaba que en la intervención contra el motín de El Frontón no se materializó el delito de lesa humanidad.

En consecuencia, debe respaldarse al Congreso de la República en el rechazo absoluto que ha expresado respecto de la decisión adoptada por la Corte IDH; y corresponde a las instancias del Ejecutivo, en primer lugar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, salir al frente para salvaguardar la soberanía de nuestro país respecto de injerencias desembozadas que solo obligan a replantear y reformular el propio Pacto de San José de Costa Rica por quienes hace muchas décadas lo suscribieron