Concretamente para ejecutar obras públicas de ingeniería en las riberas de los ríos, descolmatación del cauce de los mismos, así como para la construcción de muros de contención, represas y canales de alcantarillado que ayuden al desfogue de las aguas en caso de lluvias excesivas.

Pues bien, ahora el Gobierno nacional hace esfuerzos por atender la emergencia en diversas regiones, sobre todo en la costa, ¿pero qué fue del uso de los ingentes recursos económicos mencionados que se destinaron para proteger las zonas más vulnerables en el norte, centro y sur del Perú?

Nada de esto es desconocido para la Contraloría General de la República (CGR) la que debería investigar en profundidad el destino y ejecución de los miles de millones de soles asignados para la prevención de desastres naturales del año pasado. Sencillamente la pregunta cae de madura: ¿Dónde está el dinero?  Pongamos atención a que fue la propia CGR la entidad que advirtió que las medidas que venían adoptando las autoridades para enfrentar el fenómeno El Niño eran insuficientes, tal como consta en el “Boletín Institucional” de octubre de 2015 (Año 7 – Edición N° 34).

Es más, la primera entidad de control del país lanzó entonces una “alerta máxima”. Incluso se refirió a Piura de manera especial al señalar “que el sistema de drenes (canales que facilitan la evacuación de agua de las intensas lluvias) podría colapsar debido a que está bloqueado por desechos y maleza en algunos sectores. Mientras los drenes no estén despejados, el riesgo de inundaciones seguirá latente”.

Esto no es nada más que un botón de muestra de todo el seguimiento que hizo la CGR a las acciones de los gobiernos regionales y las municipalidades del país frente a una posible llegada de lluvias y huaicos. Entonces es menester ahora identificar, evaluar y sancionar a aquellas entidades públicas que no hicieron lo que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaba, o en todo caso se necesita saber si lo hicieron mal.

Asimismo, la CGR sobre la región Tumbes constató entonces que existen “obras de prevención deficientes, con riesgo de mal uso de recursos públicos y drenes obstruidos”. Todos estos problemas fueron “identificados en acciones de control” realizadas en dicha región. En consecuencia, a la luz de lo que hoy vive el país, y en medio de los desastres acaecidos, ¿qué medidas fiscalizadoras va a adoptar la CGR?

Ni hablar de San Juan de Lurigancho y Chosica, pues en estos casos la CGR fue muy clara al decir que “detectó riesgos en el mantenimiento de los muros de contención y los cauces naturales (…), durante una visita de control realizada a las obras de prevención por el fenómeno El Niño”. En suma, ante los puentes, muros y pavimentos que se rompen como papel debido a los huaicos, y de cara a los miles de millones de soles asignados para la defensa de los pueblos adyacentes a los ríos, la CGR tendría que identificar acaso un sinnúmero de medidas erráticas adoptadas por gobernadores y alcaldes.

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