Lo que cuenta ahora en el mundo es la seriedad de sus poderes públicos que hacen -al final de cuentas- que un Estado sea más respetable que otro.

En ese sentido, llama poderosamente la atención que asistamos de un tiempo a esta parte a una débil labor jurisdiccional contra la corrupción, cáncer del siglo XXI que a diferencia de otras épocas dispone de una serie de herramientas para ocultarse mejor, para distraer a los anticuerpos institucionales que quieren acabar con la gangrena social y para sofisticar más su ramificación en todo el cuerpo nacional.

Encima de este problema, los facinerosos que llegan a la política para enriquecerse tienen más suerte cuando desde las instancias elevadas de la judicatura algunos caen presa de la locuacidad y la bipolaridad, haciendo que nuestro Poder Judicial sea cada día más impredecible y con ello más errático, medioambiente éste que beneficia a la corrupción, esa que desde los cargos públicos se ha embolsicado millones de dólares generalmente procedentes del extranjero tanto en el 2006 como el 2011.

Con ese tipo de contramarchas, la magistratura judicial peruana borra con el codo lo que escribió hace poco con la mano en materia del combate al delito de lavado de activos, ilícito tan escurridizo, versátil y camaleónico, que a su vez dispone de mil y un subterfugios para evitar que sus autores vayan a la cárcel, como si ocurre con cualquier otro delincuente, esos que no tienen corona o influencia política.

Aun así, vemos como a unos se les mide con una vara y a otros se les trata con guantas de seda, como si en medio de este camino se quisiera distraer con la aprehensión de algunos funcionarios regionales o municipales mientras que los peces gordos ya tienen patente de corso para salir del país. Esta es la triste señal que se da al mundo entero, el cual tiene sus ojos puestos en nuestro Poder Judicial y en el Ministerio Público, los cuales aparecen poco coherentes y menos agresivos contra los delincuentes de cuello blanco, incluidos obviamente los numerosos empleados de constructoras brasileñas, coaligados con burócratas de los tres últimos gobiernos (Toledo, García y Humala).

En ese contexto, pierden peso decisiones buenas e interesantes como la del juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró infundados los pedios de Ollanta Humala y Nadine Heredia para que sean declaradas inválidas las tristemente célebres “agendas” de la exprimera dama de la nación, cuando a contrapelo la Segunda Sala Penal de Apelaciones, autoriza a la esposa del referido exjefe de Estado salir del país si así lo desea.

Pero el ambiente se torna más enrarecido con la nueva faceta del presidente del Poder Judicial, plagada de locuacidad y afanes mediáticos, poniéndose incluso al nivel del detalle de los expedientes de la pareja Humala-Heredia, en vez de estar por encima del horizonte al que está obligado por el podio que representa al frente de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sin duda que por este camino difícilmente podrá levantar cabeza el índice de aprobación ciudadana de este poder del Estado; y lo que es peor, pues quien pierde más es la lucha anticorrupción y seguramente son los corruptos los que ahora estarán riéndose de su relativa impunidad.

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