El viernes de la semana pasada, en una entrevista pública, el presidente Kuczynski advirtió que no recibirá a la comisión parlamentaria Lava Jato, como esta le ha venido solicitando. La intención tras ese pedido, como se sabe, es que absuelva algunas preguntas sobre las obras ejecutadas por Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo y mientras él formaba parte del Gabinete o lo encabezaba.

Conviene señalar de antemano que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, el mandatario puede proceder como ha anunciado y responder a las interrogantes por escrito. Pero al mismo tiempo resulta pertinente cuestionarse la idoneidad de una decisión como esa en la actual coyuntura política y, sobre todo, lo acertado de los términos en los que PPK manifestó su negativa.

En un contexto en el que tantos ex presidentes y líderes partidarios buscan sustraerse a investigaciones que tienen que ver precisamente con Odebrecht y Lava Jato a través de recursos judiciales o permaneciendo simplemente lejos del brazo de la justicia, la imagen que proyecta un jefe de Estado que en su discurso trata de marcar una ruptura con esa forma opaca de ejercer el poder y sin embargo elude la ocasión de lucir transparente cuando esta toca a su puerta, no es ciertamente la más afortunada. Y si lo hace, además, con expresiones como: “Es un circo”, “la vez pasada que acepté reunirme con una comisión, sobre el caso del doctor Moreno, los invité a Palacio, vinieron todos y fue una recatafila de insultos espantosos”, o “Yo no voy a someter la presidencia de la República a eso”, la probabilidad de que los aludidos se sientan ofendidos es bastante alta.

Prueba de ello son las respuestas que sus palabras han suscitado en congresistas como la presidenta de la referida comisión, Rosa Bartra, Úrsula Letona y Héctor Becerril, vocero alterno de la mayoritaria bancada fujimorista (a la que, dicho sea de paso, pertenecen todos ellos y con la que el Gobierno ha tenido una relación tensa, que recientemente parecía haber dado paso a una frágil tregua). Así, mientras la primera ha dicho que el mandatario “está actuando nuevamente para iniciar un enfrentamiento entre poderes del Estado”, lo que “de cara a la presentación del Gabinete pidiendo voto de confianza […] es absolutamente incomprensible”, la segunda ha considerado que “origina un clima no propicio para la presentación de la señora Aráoz en el Congreso”, y el tercero ha afirmado que PPK “es el responsable de lo que pueda pasar” en la sesión de mañana.

En realidad, como han anotado luego otras voces más serenas de Fuerza Popular y de la oposición en general, el voto de confianza gira en torno a los planes que el nuevo gabinete quiere poner en marcha desde el Ejecutivo y no tendría que guardar relación alguna con la disposición del presidente a recibir a una comisión investigadora. Pero el solo hecho de que los mencionados parlamentarios hayan forzado retóricamente ese vínculo es inquietante.

Tanto sus intervenciones como la del jefe de Estado darían la impresión de que, por lado y lado, existe una vocación por echar a perder la tensa paz conseguida en homenaje a una vieja y mutua ojeriza, olvidando que el país está de por medio. Y, lamentablemente, ya ninguno de los involucrados en este absurdo intercambio puede borrar lo dicho.

¿Qué se puede hacer entonces para disipar esta atmósfera de ‘calentamiento de la previa’ que parece haber ganado el ánimo de los dos sectores en línea de colisión? Pues el presidente haría bien en evaluar la importancia que tendría en este contexto un gesto como el de reconsiderar su decisión y recibir después de todo a la Comisión Lava Jato en Palacio. Y, de ser ese el caso, los integrantes de la misma podrían hacer un esfuerzo por observar una conducta de minuciosa urbanidad y ceñimiento a la materia que corresponde en la reunión. Una exhibición de madurez política de esa envergadura de parte de las dos fuerzas en contienda sería una excelente noticia.

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