Ellos son los empresarios José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós. Respecto del expediente de Gonzalo Ferraro Rey, la judicatura solo contempló el arresto domiciliario dado que al momento de fallar el referido ciudadano se encontraba en una clínica debido a su mal estado de salud. Los delitos por los cuales han sido sometidos a la justicia pasan por los de colusión y lavado de activos.

Las escenas en las cuales se les ve a cuatro de ellos siendo conducidos a la carceleta del PJ son fuertes y no deberían alegrar a nadie sino más bien hacer reflexionar, sobre todo, a sus firmas en las cuales fueron CEO, donde hay ejecutivos más jóvenes que se llevan la lección de ver a sus mayores envueltos en una serie de denuncias de corrupción.

Por otro lado, la prisión preventiva de la que son objeto y el arresto domiciliario para uno de los cinco involucrados también deben hacer meditar a sus familiares, ciudadanos pertenecientes a poderosos grupos económicos y mediáticos que han convivido a través de los años con distintos gobiernos, ganando en el camino licitaciones que se hicieron más escandalosas bajo el paraguas de Odebrecht.

Un aforismo jurídico reza “dura lex sed lex” (dura es la ley pero es la ley) y la clase dirigente del país debería tenerlo muy presente pero, al margen de lo que determine finalmente una sentencia en este complejo caso, constituye un serio llamado de atención al encopetado empresariado nacional, para que sean determinantes en decirle “no a la corrupción”, lacra que no hace distingos de ideologías, de dirigentes políticos o empresariales, ni de apellidos o estratos sociales.

Efectivamente, este tipo de situaciones debería hacer que miles de empresarios que trabajan con el Estado sean más serios en sus prácticas y no se confabulen con malos funcionarios para hacerse de concesiones y dinero fácil, como tampoco deberían coludirse pagando coimas para sacar de carrera a sus competidores o incluso para estafar a millones de peruanos con sus dizque “iniciativas privadas” hechas a la medida con el objetivo de hacer fortunas que le quitan el pan y la esperanza a los más necesitados. Por cierto, aquí están los resultados de la acusación constitucional presentada contra el fiscal de la Nación.