Ningún analista diría que el gobierno ha salido fortalecido luego del trance de la crisis política iniciada a finales del año pasado y que da coletazos hasta hoy. La presión de las protestas sociales, de las encuestas en terreno negativo, y de las dimisiones a nivel de bancada y de Gabinete hacen necesario que el gobierno dé señales de fortaleza, de gobernabilidad y de rumbo definido si no quiere que la situación en que se halla empeore.

Pues exactamente lo contrario fue lo que hizo esta semana al decidir comprar los excedentes de producción de papa. Como se sabe, ante las protestas de distintos puntos del país debido al bajo precio de la papa, el nuevo titular del Ministerio de Agricultura (Minagri), José Arista, se reunió con los agricultores de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Junín, y se comprometió a autorizar a los gobiernos regionales respectivos a adquirir el producto restante. Para este fin, cada autoridad regional haría uso de S/1,5 millones provenientes de las regalías mineras.

Para ser justos, el recién estrenado ministro recibió –paradójicamente– una papa caliente. Según el Minagri, la caída en el precio del tubérculo se debió a condiciones climáticas especiales que determinaron cambios en el calendario de cosecha. El nombramiento del ministro Arista como parte del llamado Gabinete de la reconciliación coincidió con el inicio de los paros regionales a propósito del bajo precio por el exceso de oferta.

La respuesta del ministro sirvió para apaciguar los ánimos de la mayoría de manifestantes, pero el costo ha sido mucho más alto que los millones de soles que se utilizarán en comprar papa. Con esta solución, el gobierno ha dado a entender que –si se le presiona– los riesgos inherentes a cualquier negocio pueden ser asumidos con dinero de los contribuyentes. Llegado este punto, sería difícil encontrar una justificación legítima para descartar que la próxima vez que caiga el precio del pescado, de la leche o del azúcar el gobierno se haga cargo de comprar el exceso no consumido.

Como mencionamos en editoriales pasados, el anterior titular del pliego, José Manuel Hernández, ya había emprendido una aparente cruzada en contra de las libertades empresariales y de los consumidores –recuérdese el caso Pura Vida o Sublime, además de la acusación de especulación a los productores de limón del norte durante El Niño costero–.

El nuevo ministro parece profundizar sobre los pasos de su antecesor. A pesar de que hizo bien al no ceder sobre las restricciones a la importación de papa –otro de los puntos del pliego de reclamos de los agricultores–, pervertir el rol del Estado en la economía atenta contra los pilares más esenciales del modelo que el Perú ha seguido con éxito en las últimas décadas. El gobierno no tenía más razón para otorgar dinero a los productores cuando el precio de la papa bajó que la que hubiera tenido si hubiera otorgado dinero a los consumidores cuando el precio del limón se incrementó el año pasado, también por condiciones climáticas. Ambos son factores pasajeros que el mercado por sí solo corrige, sin necesidad del dinero de los contribuyentes, que debe ser usado para otros fines más urgentes.

Lo que es igual de grave, el ministro Arista y su equipo transmiten una imagen de debilidad del Ejecutivo cuando eso es lo último que el gobierno necesita en este momento. Incapaces de llegar a una salida política negociada y productiva –como mejorar la asistencia técnica para riego o semillas mejoradas–, el ministerio cedió a las demandas injustificadas. Si es de esto de lo que al final trataba la tan mentada reconciliación, el 2018 será un año bastante complicado.